âLa Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídicaâ (Artículo 96, Carta de las Naciones Unidas).
Creímos en la fuerza del derecho cuando recibimos en Palestina la noticia de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre de 2003 en la que se demandaba de Israel detener la construcción del muro y derribar los tramos existentes en un plazo de un mes, creímos aunque sin ingenuidades frente a las continuas violaciones de las normas internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas por parte de Israel.
Hubo 144 votos a favor, 12 abstenciones y solo cuatro países se opusieron a la resolución: Israel, Estados Unidos, Micronesia y las Islas Marshall. Semanas antes Estados Unidos había bloqueado usando el mecanismo del veto una propuesta similar en el Consejo de Seguridad.
El informe del Secretario General de la ONU presentado en noviembre mostraba, una vez más, las violaciones de Israel a los pactos internacionales, en este caso concreto a través de la construcción del muro. Por eso, ante la negativa israelí de acatar la resolución que la Asamblea General aprobó, el paso esperado era ir más allá y pedir una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Esta solicitud fue aprobada por más de 90 países, pero contó con más abstenciones que la resolución de octubre (74) y con más votos en contra (8).
Seguíamos creyendo que las Naciones Unidas entendían un lenguaje universal del que se hace uso para justificar el uso de la fuerza, los embargos y las guerras: los derechos humanos. En todo caso 90 países es un grupo importante de la llamada comunidad internacional, aunque en las abstenciones estuvieran la totalidad de países de la Unión Europea.
Como desde antes de las resoluciones confiamos en el discurso de los derechos humanos, pusimos muchos esfuerzos en el análisis jurídico del muro, tanto desde el derecho internacional humanitario como desde los derechos humanos y, más allá de cualquier apasionamiento, resultaba claro tamaña ilegalidad. La estrategia nuestra en Europa y América Latina fue hablar del muro desde el derecho internacional, confiando en que este lenguaje era compartido por todos.
Era de esperar que ante la respuesta positiva de la Corte Internacional de Justicia de examinar el muro, Israel desplegara una campaña publicitaria que se han centrado en varios ejes: la ilegalidad, las cuestiones de seguridad, la diplomacia internacional y los medios de comunicación. Parte de esa estrategia fue plantear que la Corte no era un organismo competente para estudiar la legalidad del muro. Estados Unidos, su aliado incondicional, apostó por lo mismo.
Todos los países firmantes de los Convenios de Ginebra, incluido Israel, tienen el deber de asegurar la aplicación del DIH, el cual dice claramente que: âLas Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstanciasâ. En cuanto el muro es ilegal, todos los estados partes de los Convenios de Ginebra tienen la responsabilidad jurídica de intervenir y detener la construcción del Muro y de sus implicaciones.
Pero para sorpresa nuestra, a las voces israelíes que demandan que la Corte se declare impedida, se ha sumado la Unión Europea con el argumento de que el debate es político y no jurídico, pero esa naturaleza política de la ocupación no la coloca por fuera de la ley.
No podríamos decir que los crímenes de guerra no son hechos jurídicos sino políticos porque las guerras en su mayoría son eventos políticos. Desnaturalizar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que acompañan la construcción del muro es una actitud esperable del gobierno israelí, pero si el resto de la llamada comunidad internacional âentre ella la Unión Europea- es la que desnaturaliza la expropiación y las graves violaciones a los derechos de libre movilización, propiedad, salud, educación y trabajo, entonces desaparece el derecho a tener derechos.
El mensaje que parece enviar la llamada comunidad internacional es contundente: âpueblo palestino, el derecho no existe en vuestro caso, tan solo la políticaâ y recordemos la frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Si ese duro mensaje es respaldado por la Corte, si la Corte se declara impedida a examinar el muro, el mensaje es aún más fuerte: âlas Naciones Unidas se limitaran únicamente a seguir llevando aspirinas a Palestina y esto cuando el gobierno israelí lo permitaâ.
Después de la herida de muerte de los Convenios de Ginebra en la guerra de Afganistán y la conversión de la ONU en una ONG más durante la guerra de Irak, lo que está en juego es, además de la legalidad del muro, el sistema legal internacional. Si el mensaje israelí prospera, va a ser muy difícil hablar de nuevo en clave de derechos humanos como principios universales reconocidos por las sociedades decentes y que podrían ayudar a la justicia en Palestina.