ESPECIAL
Derecho Internacional
El 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. Se confirmó que el Muro es ilegal y dictaminó que Israel debe desmantelarlo. También especificó las obligaciones jurídicas de la comunidad internacional en relación con el Muro ilegal de Israel.
10 años después y a la luz del incumplimiento por parte de Israel y la comunidad internacional, expertas jurídicas y redes emitieron una carta conjunta. En ella destacan la importancia del dictamen de la CIJ, incluidos los deberes de terceros estados y corporaciones.
La CIJ dictaminó que el Muro de Israel es ilegal y debe ser desmantelado. La Corte acusaba su construcción por provocar la confiscación y destrucción de bienes palestinos y forzar el desplazamiento de personas palestinas. Además, el Muro serviría – debido a su trazo – a la anexión de asentamientos israelíes ilegales y tierras palestinas ocupadas. Demarca así una nueva “frontera israelí” en Cisjordania.
El mismo día en que se publicó la Opinión Consultiva, se publicó la Campaña “Stop the Wall”. La campaña declaraba que “esta opinión sólo marcará un acontecimiento importante en el lucha contra el Muro del Apartheid y por el Derecho de los Derechos Humanos e Internacionales Derecho humanitario, si la ONU, los gobiernos mundiales y la comunidad internacional exigen la aplicación de la opinión y actúan para sancionar al Apartheid israelí por sus crímenes contra el pueblo Palestino
ISSUES
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Ocupación / Apartheid / Colonialismo de asentamientos
Puede utilizar estas directrices esenciales “Abogando por los derechos de las personas palestinas en Conformidad con el Derecho Internacional” para consolidar sus argumentos.
Obligaciones del tercer Estado
Este memorando proporciona un marco jurídico que exige a los Estados tener obligaciones jurídicas frente a la ilegalidad de los asentamientos israelíes
Impunidad corporativa
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LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
La CIJ confirmó que el Muro de Israel, su régimen legislativo y sus zonas adjuntas son ilegales. Estas últimas forman parte de los mayores asentamientos ilegales israelíes en la zona ocupada de territorio palestino. Reconoció que “la construcción del muro y sus regímenes crean un hecho consumado sobre el terreno que podría llegar a ser permanente, en cuyo caso…sería equivalente a la anexión de facto de la mayoría de los asentamientos en tierras palestinas ocupadas (121-122).
Sobre la base de lo anterior, la Corte concluyó que al construir el Muro, Israel está en violación de la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza y el derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Se trata de normas imperativas que son vinculantes para todos los Estados y de los cuales no se permiten excepciones.
Por lo tanto, la Corte dictaminó que la violación de estas normas por parte de Israel, así como sus graves violaciones del derecho internacional humanitario son motivo de preocupación para toda la la comunidad. Dan lugar a obligaciones jurídicas para todos los Estados y a la Naciones Unidas. Primeramente, determina la obligación a cooperar para poner fin a la situación ilegal resultante del Muro. En segundo lugar, determina la obligación de no reconocer el Muro como lícito y de no ayudar o ayudar al mantenimiento de la situación ilegal creada por ello.
Muro como herramienta del apartheid
Desde el inicio de su construcción, los palestinos han considerado el Muro como un muro de “apartheid”, es decir, una herramienta de segregación racial de los palestinos. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid trata la segregación racial como uno de los “actos inhumanos” del apartheid, definiéndola como “medidas diseñadas para dividir a la población por motivos raciales mediante la creación de reservas y guetos separados para los miembros de un grupo o grupos raciales ”. El Muro es, por tanto, una herramienta del crimen más amplio de apartheid, que se define como “actos inhumanos cometidos con el fin de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlas sistemáticamente”.
El reconocimiento de la naturaleza del apartheid del régimen de Israel es importante. Al reconocerlo se expone el hecho de que el régimen de Israel sobre el pueblo palestino en sí es ilegal y criminal, y no una realidad legal con ciertos “defectos”.
El Estado de Israel se ha beneficiado desde sus inicios de la protección diplomática, económica y militar proporcionada por los estados poderosos del Norte Global. En particular, se beneficia de las antiguas potencias coloniales y los estados que, como Israel, se establecieron mediante el colonialismo y la limpieza étnica de las naciones indígenas. Estos Estados dan a Israel protección diplomática en los órganos de la ONU, incluidos los vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además configuran y defienden la narrativa legal y diplomática dominante, que niega y trivializa las graves violaciones por Israel del derecho internacional y los derechos humanos palestinos.
Un ejemplo es la falta de voluntad para reconocer la presencia continua de Israel en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Sólo la reconocen como “ocupación beligerante”, que es el único régimen reconocido internacionalmente. De esta forma, permiten a Israel estar legalmente presente y controlar a las personas palestinas en territorio conquistado en la guerra de 1967. Las flagrantes violaciones por Israel del derecho internacional humanitario y los derechos humanos están siendo criticadas y condenadas, pero su régimen en sí nunca ha sido declarado ilegal.
Expertos independientes del derecho internacional, así como de la sociedad civil, han planteado durante muchos años la necesidad de reconocer que Israel mantiene un régimen ilegal y criminal sobre el pueblo palestino.
El relator especial de la ONU, Michael Lynk, demostró en 2017 que el régimen de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados debe considerarse ilegal, porque contradice todos los principios básicos de la “ocupación beligerante” legal: i) la prohibición de la anexión y el respeto del derecho a la autodeterminación de la población soberana; ii) temporalidad (que se distingue de la indefinición); y, iii) el deber de actuar en el mejor interés de la población ocupada.
Además, un cuerpo sustancial de hallazgos de expertos ha confirmado que este régimen israelí ilegal es un régimen de apartheid tal como se define en el derecho internacional. En 2007, el relator especial de la ONU, John Dugard, alertó por primera vez a las Naciones Unidas de que la ocupación de Israel muestra muchas de las características del colonialismo y el apartheid. Otras fuentes incluyen informes posteriores de relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados; los estudios patrocinados por el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas de Sudáfrica (2009) y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO, 2017), así como el análisis publicado en la Revista Europea de Derecho Internacional (EJIL, 2013), por el Tribunal Russell sobre Palestina (2011) y el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (2007, 2012, 2020). Por ejemplo, CERD/C/ISR/CO/14-16 (9 Marzo 2012)).
El reconocimiento de la ilegalidad del régimen de Israel sobre el pueblo palestino y la investigación del apartheid israelí por parte de las Naciones Unidas y sus Miembros son pasos necesarios para desmantelar la narrativa que ha permitido a Israel continuar con de facto y de jure de la anexión del territorio palestino ocupado, el desplazamiento forzoso, la segregación y el exilio del pueblo palestino.