Las manifestaciones del pasado martes, que sacaron a miles de personas a las calles de Ramala, Hebrón, Tulkarem, Nablus y Gaza desafiando el intento de las autoridades palestinas de silenciar las voces de su pueblo, representaron un momento crucial para Palestina.
Estas manifestaciones, apoyadas por los Comités Populares de los Campos de Refugiados y por más de 150 organizaciones civiles y representativas, llamaron a la defensa de los principios fundamentales de nuestra lucha: el derecho de los refugiados a volver, el derecho de tener a Jerusalén como capital palestina y el derecho a nuestra tierra. También rechazamos el reconocimiento de Israel como Estado judÃo, lo que justificarÃa la ideologÃa sionista del colonialismo, racismo y limpieza étnica y asà absolverÃa a Israel de los crÃmenes de la Nakba, teniendo que renunciar nosotros al derecho a volver a nuestra tierra. Además este reconocimiento justificarÃa e impulsarÃa el sistema israelà del apartheid contra los ciudadanos palestinos de Israel.
La Palestina por la que luchamos es aquella que defiende los principios fundamentales de nuestros derechos nacionales y la igualdad, y la que respeta el derecho democrático de la población a expresar sus opiniones protestando en las calles. Las Autoridades han demostrado que no comparten esta idea. El martes pasado intentaron impedir a la población que afirmara sus derechos, primero prohibiendo la manifestación, y luego atacándonos con gases lacrimógenos, porras y todo terrenos militares.
La salida de la Ocupación de nuestra tierra y el derecho de los refugiados a volver a ella no es negociable, como puede ser la cuestión de Jerusalén. Para los oprimidos y los refugiados, la lucha contÃnua y la resistencia con todos los medios necesarios no es sólo nuestro derecho, sino también nuestra obligación ante todos aquellos que se han sacrificado antes de nosotros y ante la futura generación que tiene derecho a vivir en libertad. Esta es nuestra única arma para asegurarnos de que las negociaciones tratan sobre cómo conseguir nuestros derechos y no sobre cómo los abandonamos poco a poco. Sin embargo por primera vez en los 60 años que llevamos de lucha, aquellos que afirman que nos representan a nivel nacional ya no hablan de resistencia a los ataques de la Ocupación. En su lugar, llevan a cabo negociaciones de forma poco honrada que dependen de Estados Unidos, el respaldo más importante de la Ocupación, para asà actuar como un âagente honestoâ.
Los acontecimientos del martes pasado fueron importantes ya que resultaron ser una expresión de las voces que se levantaron contra la cumbre de Anápolis, pero también porque al desafiar la prohibición de manifestarse, los comités populares, los representantes de la sociedad civil y los partidos polÃticos hicieron un claro desafÃo al lÃder palestino: las presiones por la normalización aumentan, por lo que las organizaciones por el movimiento antinormalización crecen. El mes pasado la iniciativa Una Voz, un intento de coaccionar a los palestinos negándoles sus propios derechos y reconociendo a los Ocupantes fue derrotada por los activistas de las organizaciones. La semana pasada, Ramallah albergó una conferencia que planeaba vencer a la ocupación mediante el boicot, desinversión y sanciones. Los palestinos, dentro de la linea verde, manifestaron su fuerte oposición al reconocimiento de un Estado JudÃo en sus tierras, en una decisión unánime declarada por el Comité Superior Ãrabe de Monitoring, el mayor cuerpo representativo formado por 48 palestinos.
Las manifestaciones del martes pasado no fueron protestas aisladas, sino que forman parte de un movimiento popular amplio contra las concesiones a los principios básicos, y contra una aparente aceptación del aislamiento palestino dentro de la LÃnea Verde, de los palestinos en Gaza y la franja del oeste por parte del lÃder palestino y en la diaspora del uno al otro. En la conferencia que tuvo lugar en Chipre el pasado mes de octubre, los palestinos de las 48 tierras hicieron un llamamiento a los palestinos de su patria y a la diaspora para trabajar juntos en la creación de estrategias unificadas y en la puesta en práctica de diferentes mecanismos como un importante contrapunto a las Bantustanización israelÃ.
En Anápolis la autoridad palestina no planteó la cuestión de los palestinos que se encuentran dentro de la LÃnea Verde, ni la cuestión del derecho a volver a la tierra, ni el asentamiento criminal de Gaza. El muro que encierra a los palestinos en la franja del oeste en ghettos tampoco estaba en la agenda. Los que estaban designados para gobernar a los Batustanes de la Franja del oeste demostraron que ni siquiera estaban representando a los palestinos cuando nuestras protestas fueron reprimidas. En este proceso llamado âproceso de pazâ sólo está representada una pequeña parte de los palestinos: están sentando las bases de un resultado que los palestinos no pueden aceptar ni lo harán.
El llamado âproceso de pazâ quiere no sólo que la autoridad tome medidas drásticas sobre la resistencia armada: también está cada vez más claro de que se precisará la represión hacia todos los que rechazamos el abandono de nuestros derechos. Los palestinos que nos enfrentamos a la Ocupación israelà dÃa a dÃa no hemos sido consultados o informados sobre las negociaciones: ellos sólo acaban golpeados cuando no están de acuerdo o cuando claman sus derechos. El martes fue una prueba para comprobar si la Autoridad serÃa capaz de hacer que los palestinos se traguen un segundo Oslo, comprometiendo aún más nuestros derechos.
El abismo existente entre la Autoridad y los palestinos es cada vez más evidente. En efecto, todo el conjunto de fuerzas polÃticas y sociales palestinas se unieron al condenar la represión del martes. La elección de la autoridad es sencilla: o continúan con los dictados de Estados Unidos y la Ocupación o cambian radicalmente su curso, para volver asà hacia la gente y recordar que son los lÃderes del esfuerzo nacional palestino. El movimiento de base contra la normalización de los ocupantes continuará creciendo y la resistencia continuará mientras los palestinos hagan valer sus derechos fundamentales.