La Diputada de la Nación Dra. María Elena Chieno, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina, acaba de presentar un proyecto de ley por el cual se prohibiría a todas las reparticiones públicas del Estado Nacional a aceptar la participación en las licitaciones, concurso de precios o compra directa de productos o servicios a empresas Israelíes radicadas en los “Territorios Palestinos Ocupados”. Es decir que todos aquellos grupos económicos radicados en los asentamientos israelíes no podrán ser tenidos en cuenta en licitaciones o compras estatales, ya que Argentina y la Comunidad Internacional consideran ese territorio como parte de Palestina (de acuerdo a la Resolución Nº 242 del año 1968 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).
Desde el año 1967, en que Israel derrotó a Jordania en la “Guerra de los Seis Días”, esta potencia ocupante se ha adentrado en territorio palestino, construyendo asentamientos, destruyendo casas de palestinos, talando árboles de Olivo, echando a la población originaria y extrayendo beneficios económicos de un territorio por el que no pagó nada: Israel utiliza a los Territorios Palestinos Ocupados como propios porque son su “botín de guerra”, lo cual está prohibido tanto por el Derecho Consuetudinario como por el Derecho Internacional Humanitario.
Estas acciones violan distintos tratados internacionales: la Convención de la Haya de 1907 (Israel no es parte, pero aplica por Derecho Consuetudinario), la IV Convención de Ginebra (ratificada por Israel en el año 1951) y la Corte Penal Internacional (no ratificada por Israel, pero actúa en esos territorios por disposición del Ministerio de Justicia de Palestina). Entre otros, establecen que ningún territorio ocupado por la fuerza armada puede transferirse como botín de guerra al estado ocupante, y que mientras dure la ocupación, el estado en cuestión puede permanecer en el territorio como administrador pero no puede apropiarse de los bienes económicos del mismo. Se prohíben los traslados en masa o individuales de porciones de la población y la destrucción de bienes muebles o inmuebles, y la CPI considera a estas acciones (entre otras) como “crímenes de guerra”.
Es opinión de la Diputada el que Argentina, que reconoce a Palestina como Estado Libre e Independiente desde el año 2010 (decreto 1882/10), y que es un país líder mundial en defensa de los derechos humanos con una firme postura de defensa de la solución de los Dos Estados (con las fronteras de 1967), no debe realizar transacciones económicas con empresas asentadas en forma ilegal en un territorio. La continuidad de Israel en los TPO mina todas las oportunidades de continuar las negociaciones y arribar a una paz duradera, y las empresas asentadas allí contribuyen al sustento económico de una situación grave e ilegal. Mantener relaciones económicas equivale a aceptar de facto su legitimidad, algo que Argentina de jure no acepta.
Argentina no defiende ni acepta la colonización. Llevando a cabo acciones como esta, nuestro país aporta su grano de arena no solo al cumplimiento del derecho internacional, sino también a la recuperación económica de Palestina, reforzando su viabilidad como estado individual.
El Proyecto de Ley lleva el número de expediente D-6725-13 y fue acompañado por las Diputadas Araceli Ferreyra, Julia Perié y los Diputados Carlos Raimundi y Gastón Harispe.