Desde el anuncio en la prensa de que la salud de Muhammad al Qiq, un periodista palestino retenido en detención administrativa desde el 13 de Diciembre, está en estado crítico, partidos políticos, organizaciones de presos, el Sindicato de Periodistas y los comités populares de la Campaña Stop the Wall, se an reunido y han organizado protestas diarias en el centro de las ciudades de Cisjordania y frente a las oficinas de la Media Luna Roja.
Pedimos la inmediata liberación de Al-Qiq y hemos condenado los abusos israelíes en prisión: Tortura, violencia, no respeto a los derechos humanos y el uso de la detención administrativa. Invitamos a todas las organizaciones solidarias con la causa palestina a unirse a nosotros. Solo unidos podremos crear la presión necesaria para que las organizaciones de derechos humanos, los organismos de las Naciones Unidas y los países interfieran.
Mohammed Al-Qiq, de 33 años, fue arrestado en su casa de Ramallah el 21 de Noviembre del 2015. Era periodista del canal de noticias saudí Al-Majd. Hasta ahora, ha estado 50 días en huelga de hambre para protestar contra su estado.
Para esta semana están planeados otros encuentros.
Detención administrativa
La detención administrativa es un procedimiento que permite al ejército israelí mantener a los prisioneros por tiempo indefinido bajo información secreta sin acusarlos ni permitirles ir a juicio. Aunque la detención administrativa es usada casi exclusivamente para detener a los palestinos del territorio palestino ocupado (OPT por sus siglas en inglés), que incluye Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, los ciudadanos israelíes y los extranjeros también pueden mantenidos en detención administrativa por parte de Israel (en los últimos años, solo 9 colonos israelíes han sido mantenidos en detención administrativa).
Aunque la ley internacional de derechos humanos permite un uso limitado de la detención administrativa en situaciones de emergencia, a las autoridades se les requiere seguir una reglas básicas para la detención, incluyendo una audiencia justa en la cual el detenido pueda impugnar las razones de su detención. Más aún, para usar esa detención, debe haber una emergencia pública que amenace la vida de la nación, y la detención solo puede ser ordenada individualmente, basándose en el caso por caso y sin discriminación de ningún tipo. (Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Aríiculo 9).
Complicidad de las empresas internacionales
Mientras, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) hace campaña contra la empresa de “seguridad” anglo-danesa G4S. La empresa proporciona servicios al sistema de prisiones israelí ayudándole en sus esfuerzos de represión y aprovechándose de las violaciones de los derechos humanos. Únete a la campaña en at: