Impunidad empresarial
Empresas que construyen el Muro
El Muro (junto con sus puestos de control, sistemas de observación y caminos militares) es el proyecto de infraestructura más grande llevado a cabo por las autoridades de ocupación israelíes hasta la fecha. Para llevarlo a cabo requiere de múltiples paisajistas y planificadores; proveedores de hormigón, cercas y maquinaria pesada; y otros productores de diversos equipos de alta tecnología. En los primeros 5 años de la construcción, ya estaban en nómina 700 subcontratistas diferentes, alrededor de 60 oficinas de planificación, 53 grandes empresas de construcción, 5 empresas de alambrado, 11 empresas de seguridad civil y alrededor de 34 productores de vigilancia y comunicaciones.
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La base de datos de la ONU sobre empresas involucradas en los asentamientos de Israel
Las empresas comerciales tienen la obligación legal de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos durante sus operaciones. Sin embargo, numerosas entidades (semi) privadas israelíes y extranjeras contribuyen a la construcción y mantenimiento del muro ilegal de Israel y la expansión de asentamientos. Por lo tanto, al mantenimiento del apartheid israelí en general. A la luz de las conclusiones de la Opinión Consultiva de la CIJ de 2004 y estudios posteriores, es probable que estas entidades privadas sean cómplices del traslado de población, la destrucción o confiscación ilegal de bienes palestinos, la discriminación racial sistemática y los actos inhumanos de apartheid vinculados a la empresa de asentamientos. Se trata de delitos internacionales que conllevan responsabilidad penal o civil de la entidad privada responsable.
La investigación sobre la empresa de asentamientos de Israel sugiere que la proporción de exportaciones israelíes que se originan parcial o totalmente en asentamientos israelíes ilegales puede llegar hasta el 33%. La inversión del gobierno de Israel en negocios de asentamientos puede llegar al 22% del presupuesto total para inversiones comerciales. La mayoría de las empresas israelíes operan indiscriminadamente en ambos lados de la Línea Verde, y las instalaciones de los asentamientos israelíes ilegales desempeñan un papel clave en sus operaciones. Los ingresos de la actividad económica vinculada a los asentamientos (incluidas las exportaciones de productos, la explotación de recursos naturales o mano de obra y el desarrollo de tecnología o productos) proporcionan grandes ingresos tanto a sus habitantes a nivel individual como a las autoridades de asentamiento y del Estado, mejorando la viabilidad económica de los asentamientos existentes. Las exportaciones de bienes de los asentamientos proporcionan una compensación muy necesaria de los costos de la empresa de asentamientos fuera de la economía nacional de Israel. El hecho de que los colonos y las empresas israelíes sepan que existe un mercado para las actividades relacionadas con los asentamientos constituye un poderoso incentivo para la expansión de los asentamientos y el establecimiento de nuevos asentamientos.
La inversión extranjera y otras actividades comerciales de empresas e instituciones financieras internacionales son, por tanto, un salvavidas esencial para la empresa de asentamientos ilegales de Israel y el régimen de apartheid.
Por tanto, es fundamental que la base de datos de las Naciones Unidas de las empresas implicadas en los asentamientos israelíes ilegales no solo se actualice y se comparta con el público de forma continua; también debe utilizarse para garantizar que las empresas que cotizan en bolsa sean presionadas, a través de campañas de BDS y otras estrategias, para respetar los derechos humanos palestinos y detener todos los negocios con el proyecto colonial de Israel. Se debe llamar a terceros para que se abstengan o rescindan inversiones, contratos y otros tratos con empresas que figuran en la base de datos de la ONU.
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Tratado vinculante sobre empresas transnacionales
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 tiene una omisión dolorosa: no obliga explícitamente a las empresas a seguir sus principios. Por lo tanto, desde 2014 un grupo de trabajo intergubernamental tiene la tarea de desarrollar un tratado para reafirmar la supremacía de los derechos humanos sobre los intereses corporativos y los acuerdos comerciales. Las negociaciones en curso tienen como objetivo conferir a las empresas transnacionales obligaciones directas, en lugar de directrices voluntarias, de respetar los derechos humanos y la responsabilidad civil y penal en caso de que no lo hagan.
Ese tratado podría permitir a los palestinos responsabilizar a las empresas transnacionales de manera más eficaz por su participación en el régimen de apartheid de Israel. Desde “Stop the Wall” somos parte de “Campaña Global para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Parar la Impunidad”. La Campaña es una red de más de 250 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sindicatos y comunidades afectadas por las actividades de las empresas transnacionales (ETN). Lucha par conseguir el “Tratado Vinculante” y desarrolla iniciativas conjuntas para responsabilizar a las empresas