Las comunidades locales, los movimientos sociales y las campañas solidarias por todo el mundo están luchando contra los efectos desastrosos de las operaciones de las empresa multinacionales y la impunidad que los sistemas políticos y legales les otorgan. Una historialarga y variada de luchas por todo el mundo nos ha dado la posibilidad de aprender e inspirarnos, y de construir ejemplos y mecanismos para detener a esas empresas y hacerlas responsables de sus crímenes. Desde las acciones directas, hasta las huelgas, los boicots, las desinversiones y los actos de los accionistas llegando a los tribunales para detener a las empresas y exigir reparaciones, los movimientos han trabajado para llamar la atención y reclamar justicia.
El movimiento de boicots, desinversiones y sanciones (BDS), lanzado en el 2005 por la sociedad civil palestina, por ejemplo, ha estado profundamente inspirado por los encuentros con los movimientos sudafricanos y con los antiguos activistas de las campañas anti-apartheid. El movimiento también es referencia y conecta con otras luchas enfocadas a detener las conquistas coloniales, como las de boicots en Irlanda e India, y contra regímenes de segregación racial, como el movimiento de Derechos Civiles de los EE.UU. En estos casos los boicots económicos y la presión han sido ejercidas para minar la la sostenibilidad y los rendimientos económicos de los regímenes políticos represivos.
Muchas de las prácticas empleadas por el movimiento del BDS han sido desarrolladas en colaboración con activistas trabajando para hacer responsables a las empresas de multinacionales (TNCs por sus siglas en inglés) que disfrutan de impunidad por los abusos cometidos por ellas en países a los que le falta, o no quieren tener capacidad para acerlas responsables. Esto incluye los movimientos contra los combustibles fósiles, las campañas contra la industria minera y las campañas enfocadas a los negocios sucios de los bancos y de las instituciones financieras internacionales.
Tanto si los blancos son TNCs que usan su poder económico y sus conexiones personales para asegurarse que los gobiernos siguen conviviendo con sus violaciones a los derechos humanos o TNCs que se aprovechan de la implantación ilegal y criminal de las políticas gubernamentales, el intercambio de herramientas y experiencias entre los movimientos que se oponen a esas prácticas es un elemento esencial del internacionalismo y la unidad entre nuestras luchas. Desgraciadamente, los ataques a los movimientos por parte de la justicia corporativa también son transversales y ponen una amenaza a la capacidad de los movimientos por la justicia social y a sus acciones en conjunto. Un caso claro en kjuego es la “guerra contra el BDS” israelí.
Desde el 2015, Israel ha comenzado a financiar esfuerzos estatales para luchar contra las campañas del BDS, intentando ilegalizar las tácticas de la campaña y yendo contra los activistas, tanto palestinos, israelíes e internacionales. El Ministro israelí de ‘Asuntos Estratégicos’ es el encargado der supervisar esos esfuerzos. Se gastan millones de dólares no solo en presionar sino más aún, en bien diferenciadas ‘fuerzas especiales’, tales como las ·salas de problemas” estudiantiles donde se centran contra el BDS en los medios sociales. El Ministerio también lleva una más oscura ‘unidad de manchar’ encargada de los ‘análisis de aquellos grupos [BDS globales] y para estudiar sus características y sus modos de actividad, así como para definir una estrategia para combatirlos. Además necesitará definir temas importantes que serán llevados a la atención de la Inteligencia Militar. Las empresas israelíes ya están espiando a la sociedad civil por todo el mundo con la intención explícita de desmantelar esos grupos. Activistas del BDS palestinos, como Omar Barghouti, ya an sido intimidados, con prohibición de viajar, y las leyes israelíes han hecho llamamientos a transformar el boicot en un delito civil que puede ser castigado con serias sanciones económicas. Especialmente en Europa y en los EE.UU., Israel está presionando a los gobiernos y a los tribunales para ilegalizar el derecho de los activistas, las instituciones y los gobiernos locales a hacer campañas para defender la ley internacional y reconocer los derechos palestinos.
“Lo que está en juego con los ataques contra el movimiento del BDS es la posibilidad de una miríada de movimientos por la justicia social que hagan responsables a las empresas: Si la lógica israelí enfocada a la supresión del movimiento del BDS triunfa, blindará a las empresas de las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos de todo tipo, cometidos por cualquier empresa en cualquier lugar".
El principal argument legal israelí está basado en una noción completamente retorcida de la ‘no discriminación’. Como resultado de innumerables luchas por la igualdad y la emancipación, hoy muchas constituciones y normas de derecho incluyen cláusulas que prohíben la discriminación basada en la raza, el origen nacional o étnico, el sexo o el género, etc. Irónicamente, Israel que hasta hoy en día ha rechazado durante décadas todas las demandas de los Comités de las UN para la Eliminación de la Discriminación racial y la Discriminación contra las Mujeres introduce la prohibición de la discriminación en su propia Ley Orgánica. A pesar de eso, los grupos de presión israelíes distorsionan y malinterpretan el concepto pata argumentar que lo que se hace contra las empresas y los regímenes por sus violaciones de los derechos humanos cuenta como ‘discriminación’.
Un Juzgado español en Oviedo (Asturias) recientemente ha fallado sobre la legalidad de una moción que declaró al Ayuntamiento de Langreo una ‘Área libre del Apartheid israelí’ y que compromete al Ayuntamiento a ‘No formar parte de ningún acuerdo o convenio con instituciones públicas, empresas y organizaciones que estén involucradas, colaboren u obtengan beneficios de la violación de la ley internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos’. El Tribunal declare la moción nula ya que ‘viola el derecho a no sufrir discriminación’. La apelación contra esa decisión está en curso, sin embargo si se confirma el fallo sentará un precedente peligroso, prohibiendo toda forma de desinversión o aplicación de responsabilidad sobre las bases de las violaciones de derechos humanos y de la ley internacional. Afortunadamente, un tribunal en el RU ha rechazado un argumento similar contra la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de Leicester de boicotear los productos israelíes. El gobierno del RU también ha intentado imponer leyes nuevas, que intentan detener la ‘expansión de las campañas militantes de desinversión contra el Ministerio de Defensa del RU y empresas israelíes’. La fuerte oposición de los esfuerzos de la sociedad civil han impedido hasta ahora tal acción antidemocrática. Sin embargo, si esos argumentos no son derrotados, se despojaría de la posibilidad de ejercer la democracia localmente para apoyar los derechos humanos, y quedarían en el aire muchas campañas y movimientos.
En otros casos ante los tribunales se atreven a silenciar e intimidar a los políticos para impedirles tomar posiciones políticas o éticas contra empresas o regímenes. Aunque es un caso aislado, el alcalde framcés Jean Claude Fernand Willem fue multado después de haber hecho un llamamiento para boicotear los productos israelíes. El gobierno francés argumentó que no solo se infringían las cláusulas de no discriminación sino que declaró que era ‘necesario en una sociedad democrática’ que los gobiernos buscaran la ‘intención legítima, es decir proteger los derechos de los productores israelíes’. Los intereses corporativos triunfan sobre los derechos humanos y sobre los derechos de los pueblos a la libertad de expresión y a exigir la responsabilidad de las empresas.
En los EE.UU., las asambleas legislativas estatales han ido más lejos e intentaron castigar activamente a las empresas que se adhirieron a los llamamientos de boicot o desinversiones por parte del movimiento BDS, boicoteándolas y excluyéndolas de los contratos públicos. Sin darse cuenta de la ironía, esas mociones están usando la misma herramienta de boicot que prohíben. Los ejemplos van desde leyes en Illinois y New Jersey que obligan a los fondos de pensiones estatales a desinvertir de empresas que se
nieguen a hacer negocios en Israel o en los territorios palestino, hasta la orden ejecutiva del Gobernador de New York, Andrew Cuomo, que pide a las agencias estatales bajo su control que desinviertan de empresas comprometidas con o que se adhieran a los llamamientos del BDS.
Los intereses israelíes y de las empresas también convergen intentando usar el Acuerdo de Obtención Gubernamental de la Organización Mundial del Comercio (WTO por sus siglas en inglés) como un argumento para defender la impunidad corporativa. Prara protegerse de que los hagan responsables, se quejan falsamente de que las reglas de la WTO prohíben ir a por un régimen por sus violaciones de los derechos humanos excluyendo las empresas cómplices de ofertas y cooperaciones. Sin embargo, mientras
el acuerdo de la WTO impide la discriminación sobre la base de la nacionalidad de origen de la empresa, no prohíbe a los estados ni a los actores estatales el adoptar políticas que prohíban las violaciones de los derechos humanos de las ofertas o contratos.
Si la capacidad de protestar contra o criticar los regímenes y las empresas solo puede ser determinada por los Estados y por el Consejo de Seguridad de las NU, nuestra capacidad y nuestro derecho a hacer a las empresas responsables sería cedida por los mismos poderes que con su inacción o complicidad ponen necesariamente en primer lugar las acciones populares y las luchas.
Aquí solamente incluímos algunos ejemplos de los obstáculos a los que el movimiento del BDS se enfrenta en nuestra campaña para hacer responsables a las empresas y a los países. Algunos de estos argumentos y tácticas ya son bien conocidos por otros movimientos de justicia social, mientras que otros son nuevas tendencias desarrolladas por los grupos de presión israelíes.
Afortunadamente, a pesar de los ataques continuos, el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones continúa creciendo imbatible. La primer mitad de 2016 ha visto ya una gran cantidad de victorias de nuestros activistas. Grandes TNCs, como las corporaciones multinacionales francesas Veolia y Orange ya han retirado sus sucios negocios del apartheid israelí. El gigante anglodanés G4S, que implanta la represión por todo el mundo y suministra a las prisiones y a los puestos de control israelíes, está sintiendo el calor. Las corporaciones multinacionales israelíes como la empresa military Elbit y la empresa de aguas israelí Mekorot, han perdido contratos estratégicos en los últimos años.
Aunque continuemos luchando con éxito, sabemos que junto con otros movimientos de justicia social seremos más fuertes. Tanto en las calles protestando contra el crimen corporativo, o reclamando nuestros derechos contra las corporaciones a través de las iniciativas tales como el Tratado del Pueblo, tenemos una tarea enorme entre manos. Y no es solo el hacer retroceder estas tácticas antidemocráticas y defender nuestro derecho a la protesta. Como activistas y luchadores en los movimientos contra la impunidad corporativa, necesitamos reunir impulso para afirmar el derecho y, así mismo, la urgencia y la obligación de detener a las corporaciones y a los regímenes de violar los derechos humanos, en Palestina y en todo el mundo.
